Visto para sentencia el juicio por prevaricación contra dos exconcejales socialistas de Llanes

La Fiscalía pide para cada uno nueve años y nueve meses de inhabilitación
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El juicio contra Francisco José Balmori Poo y José Manuel Herrero Mijares, exconcejales socialistas del Ayuntamiento de Llanes, ha quedado visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo.  Ambos imputados están acusados por la Fiscalía por delitos continuados de prevaricación cometidos entre los años 2007 y 2015.

Ambos exconcejales ostentaban competencias relacionadas con Urbanismo y Licencias y Disciplina Urbanística. Una materia sobre la que versa la acusación del Ministerio, que pide para ambos nueve años y nueve meses de inhabilitación para cargos públicos y empleo público en el concejo. 

En el caso del primer acusado, que fue concejal de Urbanismo entre julio de 2007 y junio de 2012, la Fiscalía le acusa de conceder de forma directa y sucesiva contratos menores a una empresa que prestaría servicios de asistencia técnica a la Oficina Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Llanes. Los contratos, un total de 16, fueron concedidos entre enero de 2008 y febrero de 2012 por un monto total de 142.770,72 euros. Un importe muy superior a los límites legales establecidos.

Sobre el segundo acusado, que asumió competencias como concejal delegado de Licencias y Disciplina Urbanística entre julio de 2012 y junio de 2015, pesa eludir los principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia e igualdad de trato. Unos cargos sustentados en la concesión directa nuevamente de contratos menores de prestación de servicios para la misma oficina entre julio de 2012 y octubre de 2013. Cuatro contratos de carácter menor que suman un total de 61.611,16 euros.

Tanto en unos contratos como en otros, la Fiscalía ve probados indicios de evadir la legalidad.

Los acusados culpan a funcionarios municipales y a la ya fallecida alcaldesa de Llanes

En sus respectivas comparecencias en el juicio celebrado esta mañana en Oviedo, ambos exconcejales alegaron que desconocían la Ley, a pesar de no ser un eximente de su cumplimiento; y han señalado como responsables a funcionarios municipales alegando que los concejales «solo firmamos» lo que, según ellos, previamente había firmado el secretario municipal.

Tampoco se ha librado la ya fallecida Dolores Álvarez Campillo, que ocupó el cargo de alcaldesa durante 11 años. Según Herrero Mijares, «todo venía determinado por la alcaldesa, lo verdaderamente importante de urbanismo lo llevaba ella».