Recientemente, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, dejó caer una afirmación que resonó en ciertos círculos: «No me gustan los callos a la madrileña», pero sí la fiscalidad a la madrileña”. Con esta frase, Garamendi expresó su simpatía por el modelo fiscal de la Comunidad de Madrid, una de las más destacadas defensoras de una baja presión fiscal en el ámbito nacional. Sin embargo, el problema no radica tanto en la fiscalidad en sí, sino en el destino y la eficiencia del gasto público.
La realidad, especialmente en comunidades como Asturias, es que la fiscalidad falla no tanto por la cantidad recaudada sino porque el gasto público, en muchas ocasiones, no es eficiente
Es fundamental defender una fiscalidad progresiva como pilar de cualquier Estado social y democrático de derecho. Este principio, respaldado por las ideas socialdemócratas, sostiene que la fiscalidad no es solo una herramienta para financiar los servicios públicos, sino también un medio para redistribuir la riqueza y equilibrar las desigualdades inherentes a nuestras sociedades. La sanidad pública, la educación, las infraestructuras o las pensiones son derechos básicos que dependen directamente de los ingresos fiscales. Pero no basta con recaudar impuestos, el verdadero desafío radica en cómo se gestionan esos fondos.
La realidad, especialmente en comunidades como Asturias, es que la fiscalidad falla no tanto por la cantidad recaudada sino porque el gasto público, en muchas ocasiones, no es eficiente. Nos encontramos con una administración cargada de burocracia, procedimientos engorrosos y, en demasiadas ocasiones, una falta de capacidad para ejecutar los recursos de manera rápida y eficaz. Los impuestos se recaudan, pero los beneficios no llegan a la sociedad con la celeridad ni el impacto que deberían.
La solución no es reducir los impuestos y debilitar los mecanismos de redistribución, sino optimizar el uso de los recursos.
En este sentido, es legítimo preguntarse si, más que copiar modelos de baja fiscalidad como el de Madrid, no deberíamos centrarnos en mejorar la administración del gasto. Porque la cuestión no es solo cuántos impuestos pagamos, sino qué resultados obtenemos de ese esfuerzo colectivo. ¿De qué sirve una fiscalidad ajustada a los principios progresivos si luego el gasto se pierde en laberintos administrativos que paralizan su impacto positivo?
Las críticas a la ineficiencia del gasto público no son nuevas, pero adquieren una dimensión más preocupante en el contexto actual. En Asturias, por ejemplo, vemos cómo proyectos vitales para el desarrollo de la región quedan atascados por la falta de agilidad administrativa, lo que frena tanto la creación de empleo como la mejora de infraestructuras que serían clave para atraer inversión y fomentar la competitividad. Y lo mismo ocurre a nivel nacional. Los problemas en la gestión de los fondos europeos para la recuperación post-COVID son una muestra evidente de que, aunque haya dinero disponible, la capacidad de ejecutarlo de manera eficaz deja mucho que desear.
La solución no es reducir los impuestos y debilitar los mecanismos de redistribución, sino optimizar el uso de los recursos. Para ello, es imprescindible una reforma administrativa que simplifique los procedimientos, que haga el gasto público más transparente y que rinda cuentas ante la ciudadanía. Solo así conseguiremos que la fiscalidad cumpla su verdadera función: no solo recaudar, sino transformar y mejorar la vida de las personas.
En conclusión, la frase de Garamendi puede parecer ingeniosa, pero esconde una falacia. No se trata de elegir entre más o menos impuestos, sino de garantizar que los que pagamos, independientemente del modelo, se gestionen con eficacia y responsabilidad. Porque lo que realmente debe preocuparnos no es tanto la cantidad de impuestos que pagamos, sino si el dinero recaudado se traduce en bienestar social y en oportunidades para todos. Fiscalidad sí, ineficiencia del gasto no.
Pascual Cabaño es periodista y empresario
