La Fiscalía del Principado de Asturias solicita tres años de cárcel para el abogado acusado de estafar a los herederos de un fallecido en Cangas de Onís en 2018. Una petición que llevará mañana al juicio, que se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo y que, si bien se fundamenta en los delitos de falsedad documental y estafa, es una historia que tiene miga.
El hombre, fallecido el 18 de febrero de 2018, era viudo y murió sin descendencia y sin testar. En virtud de un acta notarial firmada por todos ellos, fueron declarados herederos suyos su hermana, a la que le correspondía una tercera parte de la herencia; cuatro sobrinos, entre los que se repartiría a partes iguales otra parte; y otros dos sobrinos, que recibirían la otra tercera parte. Todos ellos aceptaron la herencia.
Las cosas empezaron a complicarse el día del funeral del difunto, celebrado en Cangas de Onís, momento en que el acusado se presentó a los herederos como persona de plena confianza del fallecido y del esposo de éste, fallecido también. Por su condición de letrado y de persona próxima al difunto, los herederos aceptaron que fuera él quien se encargara de los trámites relacionados con la herencia.
Sin embargo, al cabo de poco tiempo el acusado comunicó a los herederos que el fallecido tenía contraída con él una deuda de 122.000 euros que se demostró posteriormente no era cierto. Para ello, les mostró un documento con un supuesto reconocimiento de deuda del que, además, se negó a darles una copia pero que les exigió reconocieran como herederos.
Este hecho despertó sus sospechas y se negaron a la firma del documento, momento en el que descubrieron que, presuntamente, el fallecido había expedido a favor del acusado un cheque por importe de 122.000 euros que el letrado ya había cobrado con fecha 4 de abril de 2018. Y es este cheque el que le habría delatado, ya que el acusado o una persona cuya identidad se desconoce habrían simulado la firma del fallecido para poder cobrar dicha cantidad, generando así según la Fiscalía un perjuicio patrimonial a los herederos.
Para la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de delito al tratarse de falsedad documental y delito de estafa. Por ello no solo solicita una pena de tres años de cárcel para el abogado sino, además, la indemnización a los herederos de 122.000 euros además de los intereses legales correspondientes.