Los ganaderos imputados por la tractorada de febrero creen que quieren «amedrentarlos»

Cuatro de los ganaderos participantes recibieron una citación para acudir al juzgado
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photo_camera Imagen de archivo de la tractorada celebrada en febrero en Oviedo.

Meses después de que tuviera lugar, la tractorada convocada por la ganadería asturiana vuelve a estar de plena actualidad. La razón: la investigación a cuatro ganaderos participantes por un presunto delito de desórdenes públicos y de atentado contra agentes de la autoridad durante la celebración de este paro que colapsó el centro de Oviedo. Ha sido, precisamente, la notificación a estos ganaderos lo que ha provocado que desde el sindicato agrario URA se declare que la imputación es un «intento del Principado y de Delegación del Gobierno por amedrentarnos».

Borja Fernández, coordinador del sindicato agrario URA, comparecía ante los medios de comunicación frente a la sede de Presidencia para declarar que «de las movilizaciones de febrero en las que el sector primario se tiró a la calle salió un acuerdo de ocho puntos firmado con Consejería, y otro acuerdo con Delegación del Gobierno en el que quedamos en que, si levantábamos ese día el parón indefinido de 200 tractores en la calle Uría, no se iba a proceder con represalias a los participantes en la manifestación». Sin embargo, cuatro ganaderos recibieron una citación para presentarse en el juzgado y, además de asegurar que están siendo asesorados por el equipo jurídico de URA, Fernández aclaró que «vamos a llegar con ellos hasta el final, sean las consecuencias que sean».

«Si piensan que nos van a amedrentar con amenazas de este tipo, con citaciones judiciales, están muy confundidos», decía el coordinador del sindicato agrario, «están dándonos más fuerza para continuar, para volver a salir a la calle y deben tener muy claro que estos cuatro compañeros no van a quedarse solos en ningún momento».

La letrada de la defensa refuerza la idea de que la investigación sea «un mecanismo de presión»

También intervenía Ana Vallina, letrada que lleva a los cuatro investigados, quien explicaba a los medios que «entendemos que no hay pruebas para los delitos que se les imputan y debe prevalecer la presunción de inocencia». «También entendemos que lo único que han hecho mis cuatro representados ha sido acudir a la manifestación, y lo único que creemos es que esta investigación se debe a un mecánicos de presión para que el colectivo cese en sus reclamaciones y en sus protestas», aseguraba Vallina.

Los cuatro investigados acudirán el próximo martes a declarar, mientras que la defensa llevará a los testigos para «garantizar el derecho a la defensa y demostrar que son inocentes y no tienen nada que ocultar». Preguntada la abogada por qué se investigaba a esas cuatro personas en concreto, Vallina aseguraba que «lo sorprendente es que, el día de la manifestación, se está hablando todo el tiempo de la masa de gente, porque acudió muchísima gente y 200 tractores, y una de las cosas que nos sorprende es que, de toda esta investigación, solo se está haciendo sobre mis cuatro representados».

No nos constan más investigados aparte de estas cuatro personas, cuando no ha ocurrido ningún hecho significativo que les diferencie de los demás

Uno de los investigados allí presentes, ganadero del concejo de Aller, se quejaba de que «cuando haces algo tienes que afrontar las consecuencias, pero cuando no haces nada es un poco surrealista». «Te acusan de escándalo público pero, cuando hay una manifestación, se sobreentiende que la va a haber y la manifestación estaba autorizada», decía el ganadero, «los políticos, la gente que nos representa, una vez más no lo hace y deja a la gente a la deriva».

Delegación del Gobierno desmiente la versión de URA

Según asegura Europa Press, fuentes del Gobierno del Principado de Asturias aseguran que no se comprometieron en «nada» con los manifestantes ya que hacerlo «sería prevaricación». Además aseguran que Delegación del Gobierno «no tiene nada que ver» con la citación de los cuatro ganaderos investigados, que es de carácter penal.