La Comisión Europea tiene trabajo para los próximos meses. Y es que, como resultado a la encuesta que lanzó el pasado septiembre sobre el lobo y su impacto en las regiones europeas en las que está presente este animal, le han sido remitidas más de 17.000 aportaciones procedentes de comunidades locales, científicos y partes interesadas que tienen algo que decir sobre las reglas de protección del lobo.
Basándose en estas aportaciones, recibidas en los apenas 18 días que duró la encuesta en septiembre, la Comisión realizará un informe sobre el estado del lobo en la Unión. Su publicación está prevista a finales de año y su cometido será presentar una propuesta para modificar las actuales reglas de protección. Algo que obligará a modificar el marco jurídico actual. Según los servicios comunitarios, esta revisión completará las medidas actuales que, según dicen, «han demostrado ser efectivas en el prevención o reducción significativa del riesgo cuando se aplican correctamente».
El asunto es motivo de controversia ya que fue la propia Úrsula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien solicitó en 2022 un análisis en profundidad sobre el impacto de la recuperación de lobo por considerarlo no ajustado a realidad. Algo que los gobiernos de Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León han apoyado en todas las ocasiones que se han dirigido directamente a Europa alertando de la expansión de este cánido en sus territorios y de su impacto para el sector primario.
